13 junio 2005

La transparencia y los procesos. ¿una politica de Estado?

En varios articulos anteriores, Se busca ejecutivo orientado a resultados, Mejorando el proceso de rediseñar los procesos, El agobio de los ejecutivos o el costo de no rediseñar los procesos, y La trampa de hacer lo que nos gusta, he destacado la importancia de, en vez de centrarse en corregir los errores, abocarse a corregir los procesos.

Ello basicamente minimiza, no evita, el riesgo de volver a cometer los mismos errores y permite acercarse a los objetivos deseados.

En estos días, me ha resultado interesante ver como desde el Gobierno se usa esta aproximación.

Al salir a la luz pública una denuncia de falta de ética, después de la primera reacción de defensa, el Gobierno no entra al debate del posible error, cambia la conversación y propone conversar y consensuar el proceso. En este caso el proceso de las licitaciones, de tal forma que el proceso asegure que las licititaciones tengan el objetivo que todos consensuan, una mayor transparencia

Este camino me parece potente, así en vez de gastarnos en luchar contra la corrupción, ponemos todos nuestros esfuerzos en diseñar procesos donde se minimice la discrecionalidad y por tanto aumente la transparencia

1 comentario:

Anónimo dijo...

Creo que la culpa no la tiene el empedrado, ni el gobierno de turno. En lo que si estoy de acuerdo es en dejar en claro para quien trabaja el gobierno: ¡para el país! aclama la multitud. Es facil decirlo pero, lamentablemente, las cifras indican muchas veces que esto no es asi. Pensemos que hay dos formas tradicionales de crear valor: para los accionistas, que en el caso de la administración publica serían los contribuyentes, y para el cliente, es decir, la ciudadanía, ¡casi los mismos, pero con distinto nombre! Crear valor para los accionistas significa aumentar el retorno de su inversión, es decir sacarle el mayor provecho al dinero que ellos aportan, o sea, estamos hablando de los antiguos conceptos de eficiencia (menor costo) y eficacia (en este caso definiendo como objetivo la maximización del retorno). Y crear valor para los clientes, supone entregarle a los clientes los mayores beneficios a un menor precio, otra vez eficiencia y eficacia. Es decir, cualquier decisión que se tome en el seno de una institución publica debería tender a ser la mejor decisión, la óptima, es decir, la que entrega mayor valor a los clientes y de la manera más barata. En otras palabras, la mejor decisión entre todas las decisiones posibles.(Hipotéticamente, el gobierno debería justificar que la asignación de automoviles de lujo a funcionarios publicos maximiza el valor para los ciudadanos). Por último, es importante determinar quien define qué producto o servicio entregar y de qué forma se entrega: ¡bien pensado! la ciudadanía, los usuarios de los servicios publicos, los contribuyentes. No los politicos ni los gobernantes de turno, cuyos intereses, esta claro, muchas veces no nos representan.